Por muchas protestas lastimeras que levante en señores como
el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (su cara de funeral al conocer
las peticiones de extradición de los torturadores de la Brigada Político-Social
lo dice todo), la querella argentina contra los crímenes de la dictadura
sigue su curso. Habríamos esperado que, de igual modo que los delitos fueron
cometidos por españoles contra españoles y ha sido y es la lucha colectiva de
organizaciones españolas por la memoria la que ha impulsado este
proceso, la justicia viniera de aquí, de esta España con presunciones de
marca en vez de tener que proceder del país del Río de la Plata pero
no resulta una prioridad ni para los responsables políticos ni para los
judiciales, y se vio con meridiana claridad en la pasada apertura del curso
judicial -con presencia de Juan Carlos de Borbón, más pendiente del llamado
“cine de las sábanas blancas” que de escuchar los discursos del acto-. No hubo
referencia alguna, ni por el presidente del CGPJ ni por el Fiscal General del
Estado, al hecho de que España incumpla los compromisos de Verdad, Justicia y
Reparación de Naciones Unidas y que cualquier país que se tiene por civilizado
debería observar.
A ella, recientemente, se han sumado las víctimas de bebés
robados. Un camino que, como señaló el historiador Ricard Vinyes en su obra
“Irredentas” -y que se utilizó en la causa emprendida por el juez Garzón-, se
inició como un medio de “ingeniería social” mediante los experimentos del jefe
de psiquiatría del Ejército, el doctor Vallejo Nájera, con las presas
republicanas en Málaga. Su fobia, nada científica, aunque quisiera revestirla
como tal, hacia las “rojas” le valió para concluir que los republicanos y
antifascistas no podían criar hijos “sanos” para el Nuevo Estado y que por
tanto era lícito arrancarlos de los brazos de sus progenitores, en varios y
aberrantes casos literalmente de los brazos de sus madres encarceladas. Estos
actos de barbarie desnaturalizadora perpetrada por las autoridades del nuevo
régimen de los vencedores llevaron a que el Servicio Exterior de Falange
llegaran a secuestrar, en la Francia sometida al dominio nazi, a alrededor de
20.000 niños, hijos de republicanos españoles exiliados, para entregarlos a
familias afectas al régimen. Posteriormente, aquella operación de secuestro
devino en oportunidad de negocio, en la que la connivencia con sectores
hospitalarios y religiosos, como la famosa Sor María, llevaron a que un número
quizá más difícil de determinar (ha llegado a cifrarse en 300.000) de lo que
pueda parecer de recién nacidos acabaran perdiendo su identidad y sus raíces,
en una operación que combinó el odio y el lucro por parte de una pandilla más o
menos amplia de impresentables y maleantes. Desde esta Plataforma, damos toda
nuestra solidaridad a las víctimas de estos delitos, mostrándoles todo el apoyo
y estima que puedan necesitar para afrontar un camino que, sin duda, será, como
les ha sido hasta ahora, largo y complicado, pero del que no dudamos saldrán
triunfantes.
En segundo lugar, y esto es lo que parecen no entender los
Fernández Díaz y demás, celebramos que la jueza Servini de Cubría haya pedido
la extradición de varios responsables policiales de la dictadura (Billy el
Niño, Jesús Muñecas...). El ministro del Interior -al parecer, del interior de
su ombligo- se resuelve ante esta noticia diciendo que “vamos a resolver los
problemas que tenemos todos”. ¡Como si la pervivencia del fascismo español no
fuera un problema común y conjunto de la sociedad! ¿Qué salud pública muestra
una sociedad y un país que permite que un responsable político culpe al régimen
democrático que fue víctima del golpe de Estado y la guerra subsiguiente de las
catástrofes desencadenadas por estos últimos (como dijo el señor Hernando,
portavoz adjunto “popular” en el Congreso)? ¿O que permite que el destructor de
los archivos del partido único del régimen (Rodolfo Martín Villa, “prócer” de
la transición -sic-), con el legado de la represión que estos contenían, sea
premiado con la presidencia en el otoño de su vida de empresas como Endesa y
Sogecable? ¿O que las juventudes de un partido que se autodenomina democrático
se fotografíe en poses y con simbología fascista? ¿O que libros que llenan las
estanterías de librerías de centros comerciales y de bibliotecas públicas no
pasen por ser otra cosa que versiones autocomplacientes con la dictadura, hagan
directamente apología del fascismo -delito penado en todas las legislaciones
con dos dedos de frente del mundo- y tergiversen, falseen y manipulen los
hechos acerca del periodo histórico de la Segunda República, apoyándose en una
particular forma de entender la libertad de imprenta que incluso les permite
insultar y descalificar de la forma más grotesca -“militantes”, “estalinistas”
o “paniaguados”- a los historiadores que llevan más tiempo y más trabajo a sus
espaldas investigando la República, la guerra civil y el franquismo?
El fascismo español y su pervivencia, señor ministro, por
desgracia, es también un problema de todos. Y al seguir vivo e
institucionalizado aún en los tiempos de hoy, agrava -o trae como consecuencia,
según se mire- el resto de problemas, como la corrupción, la sordera de la
clase política a las demandas populares o el escaso respeto a las decisiones de
los magistrados y la obstrucción a la justicia que muestran las autoridades
políticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario