MEMORIA Y EJEMPLO DE LOS MAESTROS REPUBLICANOS
LA DEFENSA DE LA ESCUELA
PÚBLICA: AYER Y HOY
El derecho
universal a la educación y la reivindicación de una Escuela Pública, Universal y Única, Gratuita y
Laica, para garantizarlo, fue una bandera democrática levantada por las
revoluciones republicanas y liberales del siglo XIX contra el monopolio
ejercido hasta entonces por la
Iglesia y su restricción a una pequeña élite.
Desde entonces ha constituido un objetivo
democratizador fundamental. Siempre lo han reclamado como propio las
organizaciones obreras y sus mejores representantes, al defender el acceso
general a la instrucción escolar como una valiosa conquista histórica, ligada a
la eliminación del trabajo infantil, a la cualificación de la fuerza de trabajo
y al valor del conocimiento como instrumento de emancipación personal y social.
Así lo entendieron los sectores obreros y
progresistas que trajeron la IIª
República, durante la que se llevó a cabo un gigantesco esfuerzo, incluso en
las penosas condiciones de la Guerra Civil,
por extender la escolarización y alfabetización de niños, jóvenes y adultos
hasta entonces excluidos o con acceso muy limitado a la enseñanza.
Se proyectó la construcción de 27.000 escuelas en
los cinco primeros años, se modernizaron los planes de estudio de Magisterio,
se dieron grandes pasos en la democratización de las estructuras educativas
(métodos pedagógicos avanzados, laicismo y coeducación en los centros
escolares, etc.) y se crearon 21.000 plazas nuevas de maestros (un 56% más
sobre los antes existentes).
Buena parte del profesorado antiguo y nuevo se
incorporó con entusiasmo a las tareas sociales y democráticas que encarnaron
los ideales republicanos y revolucionarios en todos los ámbitos. Por eso no es
de extrañar el particular ensañamiento con que fueron perseguidos los maestros
republicanos, junto con los líderes sindicales y políticos: muchos de ellos
estuvieron entre los primeros ejecutados, sin más juicio ni acusación que la de
hacerlos responsables de “corromper el alma de los niños y animar a la
subversión a los adultos” (como decía el periódico El Debate ya en 1934).
El régimen
criminal y reaccionario, que se impuso con el golpe de Estado y después de tres
sangrientos años de guerra, se propuso no sólo la eliminación física de los
mejores hombres y mujeres que le habían ofrecido resistencia, sino también la
represión ideológica, creando la escuela del nacionalcatolicismo sobre la
previa destrucción de la escuela republicana y de todo referente a las
aspiraciones democráticas y sociales levantadas bajo la República.
La Junta de Defensa Nacional ordenó inmediatamente la separación del servicio
de profesores universitarios y maestros que no se identificaran plenamente con
el nuevo régimen, con lo que dejaron diezmados los recursos imprescindibles
para el funcionamiento más elemental de los centros educativos. Posteriormente
se constituyó la Junta Técnica
del Estado y la Comisión
de Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán, para proceder a una
depuración, ideológica y política, más sistemática; no sólo de los maestros
sino también de los alumnos de las escuelas de Magisterio.
Todos los profesores fueron declarados cesantes y
obligados uno a uno a solicitar su reingreso. Ellos eran los que tenían que
demostrar su inocencia, y no al revés: la consistencia de las acusaciones por
parte de sus denunciantes. La respectiva comisión provincial, abría expediente
de depuración y exigía los informes favorables del alcalde, de la guardia
civil, del párroco y de personas afectas al régimen, para ser readmitidos. Muchos buenos y honestos
profesionales se vieron obligados a dar clases privadas para poder sobrevivir,
mientras sus plazas eran ocupadas por adictos al Movimiento Nacional carentes
de preparación y titulación. De acuerdo con diversos estudios históricos, en
torno a un 10% fueron separados definitivamente del servicio, otro 10% fueron
confinados en pueblos apartados, otro 5% fueron suspendidos de empleo y sueldo
por tiempo variable o inhabilitados para cargos directivos. Así sufrieron algún
tipo de sanción una media del 25% (unos 15.000 maestros), porcentaje muy
superado en las provincias más destacadas por su resistencia al golpe (33% en
Asturias, 30% en Vizcaya, 29% en Barcelona, 27% en Madrid,…). Para mayor
escarnio, incluso se encausaron con expedientes de depuración a los muertos en
la contienda civil o posteriormente fusilados, para negar cualquier derecho a
sus familiares.
Hoy, cuando asistimos a una nueva ofensiva para
destruir la enseñanza y la sanidad públicas, junto con derechos sociales y
laborables conquistados con tanto esfuerzo, es oportuno y justo el recuerdo de
esos maestros y profesores represaliados por un régimen, que era muy consciente
de que la demolición de la Escuela Pública
y sus ideales debía empezar por la neutralización física e ideológica de
quienes la había defendido.
De nuevo nos encontramos en una situación crítica
para la enseñanza pública y ante una ofensiva reaccionaria que nos retrotrae a
épocas pasadas. No estamos sólo ante recortes más o menos duros en sectores
públicos esenciales, sino ante una verdadera ofensiva para su desmantelamiento
y privatización. No es un mero problema económico de ahorro en el gasto
público, sino directamente político. Quieren aprovechar la “crisis” que ellos
mismos han provocado para destruir las bases materiales que garantizan el
derecho de todos a la salud y a la educación, empezando por expulsar a miles de
trabajadores de la enseñanza y la sanidad públicas.
Hoy como ayer, el ataque a los servidores públicos
y a las mínimas condiciones para el funcionamiento de los centros sanitarios y
educativos es la punta de lanza de una auténtica vuelta atrás de conquistas
históricas y derechos irrenunciables. No es un problema que sólo afecte a los
profesionales implicados, sino al conjunto de los ciudadanos.
El mejor recuerdo que hoy podemos hacer de aquellos
maestros republicanos comprometidos con la Escuela Pública de entonces, es
unir a la reivindicación de su memoria y ejemplo la disposición a continuar sus
pasos en la defensa presente de la Enseñanza
Pública, Gratuita y Laica, de nuevo en grave peligro.
Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la
ciudadanía a apoyar y extender la movilización que han emprendido amplios sectores
de la enseñanza y la sanidad en defensa de lo público.
Salud compañeros y ¡a continuar la lucha!