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LA PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO es un espacio para el encuentro, plural y democrático, de personas, grupos y entidades de diferente índole y naturaleza, libremente agrupadas en torno a un objetivo común y socialmente compartido: “La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo a lo largo de su existencia: Durante la guerra civil por su política oficial de genocidio ideológico y clasista, por el ejercicio de una dictadura fascista a lo largo de casi cuatro décadas y por la proyección de sus aparatos jurídico-policial-militar en el proceso de transición a la democracia”.


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lunes, 10 de octubre de 2011

Memoria y ejemplo de los maestros republicanos


MEMORIA Y EJEMPLO DE LOS MAESTROS REPUBLICANOS
LA DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA: AYER Y HOY

El derecho universal a la educación y la reivindicación de una Escuela Pública, Universal y Única, Gratuita y Laica, para garantizarlo, fue una bandera democrática levantada por las revoluciones republicanas y liberales del siglo XIX contra el monopolio ejercido hasta entonces por la Iglesia y su restricción a una pequeña élite.
Desde entonces ha constituido un objetivo democratizador fundamental. Siempre lo han reclamado como propio las organizaciones obreras y sus mejores representantes, al defender el acceso general a la instrucción escolar como una valiosa conquista histórica, ligada a la eliminación del trabajo infantil, a la cualificación de la fuerza de trabajo y al valor del conocimiento como instrumento de emancipación personal y social.
Así lo entendieron los sectores obreros y progresistas que trajeron la IIª República, durante la que se llevó a cabo un gigantesco esfuerzo, incluso en las penosas condiciones de la Guerra Civil, por extender la escolarización y alfabetización de niños, jóvenes y adultos hasta entonces excluidos o con acceso muy limitado a la enseñanza.
Se proyectó la construcción de 27.000 escuelas en los cinco primeros años, se modernizaron los planes de estudio de Magisterio, se dieron grandes pasos en la democratización de las estructuras educativas (métodos pedagógicos avanzados, laicismo y coeducación en los centros escolares, etc.) y se crearon 21.000 plazas nuevas de maestros (un 56% más sobre los antes existentes).
Buena parte del profesorado antiguo y nuevo se incorporó con entusiasmo a las tareas sociales y democráticas que encarnaron los ideales republicanos y revolucionarios en todos los ámbitos. Por eso no es de extrañar el particular ensañamiento con que fueron perseguidos los maestros republicanos, junto con los líderes sindicales y políticos: muchos de ellos estuvieron entre los primeros ejecutados, sin más juicio ni acusación que la de hacerlos responsables de “corromper el alma de los niños y animar a la subversión a los adultos” (como decía el periódico El Debate ya en 1934).
 El régimen criminal y reaccionario, que se impuso con el golpe de Estado y después de tres sangrientos años de guerra, se propuso no sólo la eliminación física de los mejores hombres y mujeres que le habían ofrecido resistencia, sino también la represión ideológica, creando la escuela del nacionalcatolicismo sobre la previa destrucción de la escuela republicana y de todo referente a las aspiraciones democráticas y sociales levantadas bajo la República.
La Junta de Defensa Nacional ordenó inmediatamente la separación del servicio de profesores universitarios y maestros que no se identificaran plenamente con el nuevo régimen, con lo que dejaron diezmados los recursos imprescindibles para el funcionamiento más elemental de los centros educativos. Posteriormente se constituyó la Junta Técnica del Estado y la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán, para proceder a una depuración, ideológica y política, más sistemática; no sólo de los maestros sino también de los alumnos de las escuelas de Magisterio.
Todos los profesores fueron declarados cesantes y obligados uno a uno a solicitar su reingreso. Ellos eran los que tenían que demostrar su inocencia, y no al revés: la consistencia de las acusaciones por parte de sus denunciantes. La respectiva comisión provincial, abría expediente de depuración y exigía los informes favorables del alcalde, de la guardia civil, del párroco y de personas afectas al régimen, para  ser readmitidos. Muchos buenos y honestos profesionales se vieron obligados a dar clases privadas para poder sobrevivir, mientras sus plazas eran ocupadas por adictos al Movimiento Nacional carentes de preparación y titulación. De acuerdo con diversos estudios históricos, en torno a un 10% fueron separados definitivamente del servicio, otro 10% fueron confinados en pueblos apartados, otro 5% fueron suspendidos de empleo y sueldo por tiempo variable o inhabilitados para cargos directivos. Así sufrieron algún tipo de sanción una media del 25% (unos 15.000 maestros), porcentaje muy superado en las provincias más destacadas por su resistencia al golpe (33% en Asturias, 30% en Vizcaya, 29% en Barcelona, 27% en Madrid,…). Para mayor escarnio, incluso se encausaron con expedientes de depuración a los muertos en la contienda civil o posteriormente fusilados, para negar cualquier derecho a sus familiares.
Hoy, cuando asistimos a una nueva ofensiva para destruir la enseñanza y la sanidad públicas, junto con derechos sociales y laborables conquistados con tanto esfuerzo, es oportuno y justo el recuerdo de esos maestros y profesores represaliados por un régimen, que era muy consciente de que la demolición de la Escuela Pública y sus ideales debía empezar por la neutralización física e ideológica de quienes la había defendido.
De nuevo nos encontramos en una situación crítica para la enseñanza pública y ante una ofensiva reaccionaria que nos retrotrae a épocas pasadas. No estamos sólo ante recortes más o menos duros en sectores públicos esenciales, sino ante una verdadera ofensiva para su desmantelamiento y privatización. No es un mero problema económico de ahorro en el gasto público, sino directamente político. Quieren aprovechar la “crisis” que ellos mismos han provocado para destruir las bases materiales que garantizan el derecho de todos a la salud y a la educación, empezando por expulsar a miles de trabajadores de la enseñanza y la sanidad públicas.
Hoy como ayer, el ataque a los servidores públicos y a las mínimas condiciones para el funcionamiento de los centros sanitarios y educativos es la punta de lanza de una auténtica vuelta atrás de conquistas históricas y derechos irrenunciables. No es un problema que sólo afecte a los profesionales implicados, sino al conjunto de los ciudadanos.
El mejor recuerdo que hoy podemos hacer de aquellos maestros republicanos comprometidos con la Escuela Pública de entonces, es unir a la reivindicación de su memoria y ejemplo la disposición a continuar sus pasos en la defensa presente de la Enseñanza Pública, Gratuita y Laica, de nuevo en grave peligro.
Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a apoyar y extender la movilización que han emprendido amplios sectores de la enseñanza y la sanidad en defensa de lo público.
Salud compañeros y ¡a continuar la lucha! 

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