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martes, 1 de octubre de 2013

CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS


El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido que el Estado debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 (las investigaciones académicas más recientes elevan esta cifra hasta las 130.000 y no se descarta que llegue a las 150.000) que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista y ha considerado "lamentable" que esos delitos sigan impunes.

En una conferencia de prensa, los miembros del equipo Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky han elogiado la cooperación y ayuda de las autoridades españolas, así como las autonómicas de Cataluña, Andalucía y el País Vasco, que han visitado en su misión, en la que han hablado con centenares de familiares de desaparecidos.

"El Estado debe asumir un rol de liderazgo y comprometerse de manera más activa para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura", han afirmado los expertos de la ONU.
Desde el retorno de la democracia en España "se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil y la dictadura" gracias a iniciativas que en muchos casos han sido impulsadas exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil.
El grupo de trabajo de la ONU ha lamentado que no haya "ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada", lo que atribuyen a "una combinación de diversos factores", entre los que Dulitzky ha destacado la "interpretación" de la Ley de Amnistía de 1977.
La desaparición forzada de una persona es un "delito continuado" hasta que es esclarecido el caso, según el experto argentino, quien ha subrayado que la Ley de Amnistía "no puede servir de barrera para la investigación de graves violaciones de derechos humanos".
No se trata de derogar la Ley de Amnistía sino de que despojarla de efecto jurídico, ha puntualizado Dulitzky.
Ha denunciado además que en muchos casos de exhumaciones de fosas comunes el juez no se persona, por lo que el acto carece de reconocimiento judicial y ha pedido al Estado que levante las recientes "restricciones" legales y vuelva a la aplicación de la "jurisdicción universal".
Asimismo, el grupo de la ONU ha considerado de fundamental importancia que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y ha hecho un llamamiento a la judicatura a "realizar un uso consistente" de los instrumentos internacionales.
Sobre la investigación abierta por la juez argentina María Servini de Cubría sobre crímenes del franquismo y contra cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad españolas, Dulitzky ha dicho que el Estado español "debe cooperar" con las autoridades de países como Argentina, "tiene el deber de juzgar o extraditar".
Al ser preguntado por el caso del juez Baltasar Garzón, quien fue acusado de prevaricación por querer investigar las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo, el experto argentino ha opinado que "tuvo un efecto contrario para el desarrollo debido de las investigaciones judiciales".

Fuente: eldiario.es


Video de la concentración en apoyo a las víctimas del franquismo ante el hotel NH Paseo del Prado de Madrid, en el que se encontraban los miembros del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias.

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