El pasado día 10, representantes de varias organizaciones que luchan por la memoria histórica de este país entregamos en el Consejo General del Poder Judicial, en su sede de Madrid, un escrito reclamando la investigación por parte de ese organismo de la actuación de diversos magistrados del más alto tribunal. Esos jueces del Tribunal Supremo han participado (y han sido retribuidos por ello) en actividades relacionadas con diferentes sociedades y empresas.
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Llama la atención que alguno de esos cargos han formado parte del tribunal que juzgó hace algunas semanas a Baltasar Garzón. Destaca especialmente el comportamiento de Manuel Marchena, quien fue el presidente del tribunal que tuvo que archivar por haber prescrito -no sin antes culpabilizar a Garzón en el propio escrito de prescripción- una de las causas abiertas, concretamente la que se instruyó por haber sido retribuido por la Universidad de Nueva York por haber impartido unos cursos en dicho centro.
El documento presentado ante el CGPJ ha sido suscrito, además, por Carlos Jiménez Villarejo, Cristina Almeida, Fernando Magán, Francisca Sauquillo...
Pincha AQUÍ para acceder a la información publicada por la agencia Europa Press.
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