Hace diez días recogíamos en este blog la resolución, por
parte del Tribunal Supremo, de la Cuestión de Competencia planteada hace más de
dos años y medio en la que aclaraba -por fín- qué instancias deberían ser las encargadas de
personarse en las futuras exhumaciones de fosas. Como todos sabéis, en la
resolución del alto tribunal dejaban claro que no era la Audiencia Nacional el órgano
que debía realizar esa tarea sino los juzgados de instrucción del término donde
esté ubicado el enterramiento a descubrir.
De este modo, la investigación de los centenares de fosas
existentes en nuestro país es un asunto que queda al buen (o mal) criterio de
los juzgados locales que no podrán acumular sus pesquisas a las de otros
partidos judiciales ya que no existirá un órgano que centralice esos sumarios. En
definitiva, no lo consideran lo suficientemente importante para que sea
investigado, de manera conjunta, por la Audiencia Nacional, que –suponemos-
debe dedicarse a asuntos más importantes.
Asuntos como el que recogían ayer los medios informativos:
el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la
Audiencia Nacional, ha dictado Auto de Procesamiento por Delito de Atentado
contra la Autoridad a cuatro activistas opuestos al Tren de Alta Velociad por
haber estampado unas tartas en la cabeza de Yolanda Barcina, presidenta de
Navarra, en octubre de 2011, en la localidad francesa de Toulouse.
La consideración de atentado contra la autoridad lleva implícita,
en el caso de ser declarados culpables, una condena mínima de CUATRO AÑOS DE
PRISIÓN y máxima de diez años…
Seguimos con la esperanza puesta en la justicia argentina porque
parece claro que Pedro Pacheco se quedó muy corto cuando, allá por 1985, dijo
aquello de que “La justicia en España es un cachondeo”.
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